Aquelarre corporativo contra Ministerio de Comunicaciones
HUGO PERMUY
Días pasados, se rozó apenas una "asignatura pendiente" desde 1985. La del marco institucional desde el que ha de darse la actuación estatal, imprescindible salvo para anarquistas o corporativistas, en torno a los servicios de radiodifusión. Esto es, los media electrónicos, en sentido amplio. Aquí legalmente declarados de interés público...
Esto sirvió de pretexto, fuera de contexto, para que se difundieran -a través de los grandes media- otros dislates demagógicos, totalmente reñidos con el rigor académico. Una de las posibles vías de mejoramiento organizacional del tema, como podría serlo la recreación de un Ministerio de Comunicaciones, ha provocado las más inverosímiles confusiones y reacciones. A capela, algunos exhaustos voceros de los partidos fundacionales, se apresuraron a denunciar la existencia del Cuco, olvidando la Constitución que algunos de sus líderes redactaran en 1996. Conviene, pues, recordarles que el país ya lo tuvo, cuando los mismos aprobaran la Constitución vigente. Un Ministerio de Comunicaciones, como el que -Sanguinetti, entre otros- institucionalizara por una de sus "Disposiciones Transitorias y Especiales". Norma especial, por cierto, o si se prefiere "transitoria", que a través de sus variopintos desarrollos legislativos, reglamentarios y organizacionales, desembocara en la creación de Antel, la DNC y la actual Ursec. Todas han partido, tras una deformación de la labor de una Comisión creada poco antes de la dictadura, de una equívoca exégesis de su Literal E.
Empero, ahora, de golpe, la sola mención a una Secretaría de Estado específicamente competente en la materia, les ha "motivado" para que, otra vez, se rasguen vestiduras. Cínicos, hipócritas... Parecieran querer reeditar la inmoralidad intelectual que perpetraron en las pasadas elecciones de 1999, aterrorizando a la opinión pública con la implantación del Impuesto a la Renta. El mismo al que hoy casi todos dicen adherir... aunque, eso sí, con "secreto bancario" (sic) de por medio. No hace cinco años, en los afanes de sus "intelectuales", tampoco tuvieron mayor empacho de tildar aquella justificada crítica al caótico régimen tributario subsistente, de antidemocrático, comunista, atentatorio contra la sacrosanta propiedad privada, etc.
Cambiando las circunstancias, vuelven sobre sus pasos, clamando contra un Ministerio de Comunicaciones. ¡Cuidado, peligro! Ahí está, ahí está -gritan los "autocríticos" autócratas- nada menos que la censura previa... cuando han sido ellos quienes han censurado medios de comunicación a diestra y siniestra, directa u oblicuamente. Cuando han sido ellos quienes, entre otras medidas para disimular premios y castigos, han atentado impunemente contra las Pymes de comunicaciones.
¿Cómo? Entre otras cosas, comprometiendo su viabilidad económico-financiera, por puro capricho, gracias a masivas e indiscriminadas repartijas de radios AM y FM. ¿Cuándo? Al finalizar sus mandatos, en los "febreros amargos" de 1995 y 2000. Una forma oblicua, indirecta, pero ciento por ciento eficaz de ir censurando viejos medios, en especial del interior, a través de la sustitución de nuevas Difusoras... apadrinadas por dos operadores bien conocedores del tema y conocidos en el ambiente. Uno de los ministros de la Corte Electoral, ex subsecretario de Estado y un senador de la República.
Lo han hecho violando, en reiteración real, una y otra y otra vez el Art. 6º del Decreto 125/993. Un reglamento que, entre otras cosas, plasmara una idea del doctor Julio Ma. Sanguinetti ante Andebu, no bien asumiera su primera Presidencia. Idea que compartiera el doctor Lacalle, hasta que no resistieran la tentación de borrar con el codo cuanto habían dicho en marzo de 1985 y escrito en marzo de 1993.
Algo inaudito. Sabían, o debían saber por sus perfiles académicos, lo que estaban haciendo... pero no pudieron resistir a la tentación de hacerlo.
Diez años después, en medio de las internas del Partido Nacional, el perdidoso ex Presidente llegó al colmo de los colmos. A plantear dentro de su frustrado "Programa Electoral", el de brindar una mayor protección a los media... cuando fue él mismo quien aprobó y violó el Decreto 125/993, que contenía la tan necesaria autolimitación reglamentaria del Poder. ¡De antología, algo digno de figurar -con cosas suyas peores, mucho peores- entre las rarezas de Ripley!
No hay nada nuevo bajo el Sol: Impuesto a la Renta y los trusts mediáticos, se ha enfrentado desde el New Deal de Franklin D. Roosevelt. Las críticas del otrora poderoso Mr. Hearst, no distan mucho de las actuales. Basta volver a ver una de las mejores películas de Welles, CIUDADANO KANE, para constatarlo. Podrá y deberá discutirse, con rigor, cuál ha de ser la mejor ubicación y organización de la dependencia pública llamada a regular tan delicado sector. Sin duda, su permanencia en el ámbito del MDN, extraña al Derecho Comparado en la materia, debe finiquitarse. Sigue siendo un resabio de la dictadura, ahora disimulado bajo la extraña e inconstitucional Ursec. Algo que en más de una ocasión me cupiera abordar, lamentablemente sin éxito. Las interferencias corporativas de algunos altos managers de la Antel, sumadas a las grandes cadenas de televisión, y las consabidas "relaciones incestuosas" dadas con ciertos operadores políticos, frustraron -para mal del país y mío propio- todo intento al respecto. Pues bien, para finalizar, fuere cual fuere la fórmula que en definitiva vaya a adoptarse para superar estos problemas, tras los cuales germinan intereses monopólicos, espurios, radicalmente opuestos al bien común, resulta ilustrativo transcribir la normativa constitucional especial citada: E) Créanse el Ministerio de Comunicaciones,... que tendrá competencia sobre las materias indicadas.
La Dirección General de Correos, la Dirección General de Telecomunicaciones pasarán a depender, en calidad de servicios centralizados, del Ministerio de Comunicaciones..."
No estaría de más recordar, que se trata, además, de una fórmula organizacional mayoritaria dentro del Derecho Comparado en el sector Telecomunicaciones. Si ya era necesaria a mediados de los 60, el vertiginoso desarrollo del sector, uno de los más dinámicos y poderosos desde fines del siglo XX, torna urgente, impostergable, alguna redefinición en la formulación institucional de este ámbito de la Administración Pública. *
“LA REPUBLICA”, Miércoles, 08 de septiembre, 2004 - AÑO 10 – Nº 1587
http://www.larepublica.com.uy/editorial/153197-aquelarre-corporativo-contra-ministerio-de-comunicaciones
HUGO PERMUY
Días pasados, se rozó apenas una "asignatura pendiente" desde 1985. La del marco institucional desde el que ha de darse la actuación estatal, imprescindible salvo para anarquistas o corporativistas, en torno a los servicios de radiodifusión. Esto es, los media electrónicos, en sentido amplio. Aquí legalmente declarados de interés público...
Esto sirvió de pretexto, fuera de contexto, para que se difundieran -a través de los grandes media- otros dislates demagógicos, totalmente reñidos con el rigor académico. Una de las posibles vías de mejoramiento organizacional del tema, como podría serlo la recreación de un Ministerio de Comunicaciones, ha provocado las más inverosímiles confusiones y reacciones. A capela, algunos exhaustos voceros de los partidos fundacionales, se apresuraron a denunciar la existencia del Cuco, olvidando la Constitución que algunos de sus líderes redactaran en 1996. Conviene, pues, recordarles que el país ya lo tuvo, cuando los mismos aprobaran la Constitución vigente. Un Ministerio de Comunicaciones, como el que -Sanguinetti, entre otros- institucionalizara por una de sus "Disposiciones Transitorias y Especiales". Norma especial, por cierto, o si se prefiere "transitoria", que a través de sus variopintos desarrollos legislativos, reglamentarios y organizacionales, desembocara en la creación de Antel, la DNC y la actual Ursec. Todas han partido, tras una deformación de la labor de una Comisión creada poco antes de la dictadura, de una equívoca exégesis de su Literal E.
Empero, ahora, de golpe, la sola mención a una Secretaría de Estado específicamente competente en la materia, les ha "motivado" para que, otra vez, se rasguen vestiduras. Cínicos, hipócritas... Parecieran querer reeditar la inmoralidad intelectual que perpetraron en las pasadas elecciones de 1999, aterrorizando a la opinión pública con la implantación del Impuesto a la Renta. El mismo al que hoy casi todos dicen adherir... aunque, eso sí, con "secreto bancario" (sic) de por medio. No hace cinco años, en los afanes de sus "intelectuales", tampoco tuvieron mayor empacho de tildar aquella justificada crítica al caótico régimen tributario subsistente, de antidemocrático, comunista, atentatorio contra la sacrosanta propiedad privada, etc.
Cambiando las circunstancias, vuelven sobre sus pasos, clamando contra un Ministerio de Comunicaciones. ¡Cuidado, peligro! Ahí está, ahí está -gritan los "autocríticos" autócratas- nada menos que la censura previa... cuando han sido ellos quienes han censurado medios de comunicación a diestra y siniestra, directa u oblicuamente. Cuando han sido ellos quienes, entre otras medidas para disimular premios y castigos, han atentado impunemente contra las Pymes de comunicaciones.
¿Cómo? Entre otras cosas, comprometiendo su viabilidad económico-financiera, por puro capricho, gracias a masivas e indiscriminadas repartijas de radios AM y FM. ¿Cuándo? Al finalizar sus mandatos, en los "febreros amargos" de 1995 y 2000. Una forma oblicua, indirecta, pero ciento por ciento eficaz de ir censurando viejos medios, en especial del interior, a través de la sustitución de nuevas Difusoras... apadrinadas por dos operadores bien conocedores del tema y conocidos en el ambiente. Uno de los ministros de la Corte Electoral, ex subsecretario de Estado y un senador de la República.
Lo han hecho violando, en reiteración real, una y otra y otra vez el Art. 6º del Decreto 125/993. Un reglamento que, entre otras cosas, plasmara una idea del doctor Julio Ma. Sanguinetti ante Andebu, no bien asumiera su primera Presidencia. Idea que compartiera el doctor Lacalle, hasta que no resistieran la tentación de borrar con el codo cuanto habían dicho en marzo de 1985 y escrito en marzo de 1993.
Algo inaudito. Sabían, o debían saber por sus perfiles académicos, lo que estaban haciendo... pero no pudieron resistir a la tentación de hacerlo.
Diez años después, en medio de las internas del Partido Nacional, el perdidoso ex Presidente llegó al colmo de los colmos. A plantear dentro de su frustrado "Programa Electoral", el de brindar una mayor protección a los media... cuando fue él mismo quien aprobó y violó el Decreto 125/993, que contenía la tan necesaria autolimitación reglamentaria del Poder. ¡De antología, algo digno de figurar -con cosas suyas peores, mucho peores- entre las rarezas de Ripley!
No hay nada nuevo bajo el Sol: Impuesto a la Renta y los trusts mediáticos, se ha enfrentado desde el New Deal de Franklin D. Roosevelt. Las críticas del otrora poderoso Mr. Hearst, no distan mucho de las actuales. Basta volver a ver una de las mejores películas de Welles, CIUDADANO KANE, para constatarlo. Podrá y deberá discutirse, con rigor, cuál ha de ser la mejor ubicación y organización de la dependencia pública llamada a regular tan delicado sector. Sin duda, su permanencia en el ámbito del MDN, extraña al Derecho Comparado en la materia, debe finiquitarse. Sigue siendo un resabio de la dictadura, ahora disimulado bajo la extraña e inconstitucional Ursec. Algo que en más de una ocasión me cupiera abordar, lamentablemente sin éxito. Las interferencias corporativas de algunos altos managers de la Antel, sumadas a las grandes cadenas de televisión, y las consabidas "relaciones incestuosas" dadas con ciertos operadores políticos, frustraron -para mal del país y mío propio- todo intento al respecto. Pues bien, para finalizar, fuere cual fuere la fórmula que en definitiva vaya a adoptarse para superar estos problemas, tras los cuales germinan intereses monopólicos, espurios, radicalmente opuestos al bien común, resulta ilustrativo transcribir la normativa constitucional especial citada: E) Créanse el Ministerio de Comunicaciones,... que tendrá competencia sobre las materias indicadas.
La Dirección General de Correos, la Dirección General de Telecomunicaciones pasarán a depender, en calidad de servicios centralizados, del Ministerio de Comunicaciones..."
No estaría de más recordar, que se trata, además, de una fórmula organizacional mayoritaria dentro del Derecho Comparado en el sector Telecomunicaciones. Si ya era necesaria a mediados de los 60, el vertiginoso desarrollo del sector, uno de los más dinámicos y poderosos desde fines del siglo XX, torna urgente, impostergable, alguna redefinición en la formulación institucional de este ámbito de la Administración Pública. *
“LA REPUBLICA”, Miércoles, 08 de septiembre, 2004 - AÑO 10 – Nº 1587
http://www.larepublica.com.uy/editorial/153197-aquelarre-corporativo-contra-ministerio-de-comunicaciones
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