"Infalibilidades", el "ser" y los vetos presidenciales
HUGO PERMUY
Al concluir el abortivo 2002, al menos lograba media sanción la "Ley de Defensa de la Salud Reproductiva". Mal llamada aunque mejor publicitada como "Ley de Aborto", opositores dixit, se movilizaron por motivos dogmáticos. Más o menos fundamentalistas. Otros diputados, en función de un "pilático" agnosticismo, más táctico que consistentemente filosófico, se sumarían como "neutrales". ¡Vaya paradoja! En vedad, al computar votos, esas desavenencias se desvanecen. Como tantas fugas por la tangente.
Ambos rótulos, el de los promotores, como su más impactante "síntesis", harto publicitada por quienes obstan a su sanción, ameritan un cúmulo de reflexiones, semánticas, semióticas, filosóficas. Empero, hacerlo expondría a la razón a enredarse en una maraña escolástica.
El nuevo ministro, doctor Bonilla, ha aportado --en concisa síntesis-- una descripción fenoménica y axiológica harto suficiente. Macerada por su sólida, notoria y meritoria experiencia profesional, incluso dentro del Pereira Rossell. Arriesgó una clara y contundente manifestación de voluntad política: "Yo no quiero que la gente muera porque tiene prohibido hacerse un aborto. No puedo entender eso". Nos tampoco.
Afrontemos la cruda realidad. Muestra cómo "durante 2001 el 80% de las muertes maternas ocurridas en la maternidad del Pereira Rossell se originaron por abortos practicados en condiciones de riesgo". Quien haya estado en medio de asentamientos y barriadas pobres, sabrá de la conflictiva dimensión personal y social del tema.
He ahí el real dilema moral y desafío político. El meollo del asunto colectivo. Ese caos torna imperativo hacer algo. ¡Todos contestes! Pero, surgen discordias al optar. En una elección que pareciera repeler el aristotélico "justo medio". No habría ninguno. Nadie disfruta con el problema, aunque algunos lucran y otros crían sus condiciones socio-económicas.
¿Cuántos abortos podrían imputarse a los Peirano?
La solución legislativa ha de ser apta para extirpar esta vergüenza, ya. No el día del Juicio Final. Tampoco con utopías que se desmienten con malversaciones, en medio de un egoísmo globalizado, que genera más y más abortos en condiciones de riesgo. No basta con cualquier buen deseo, por bien intencionado que sea. Así está empedrado el camino al Infierno... y a veces hacia la Cárcel Central.
Las "soluciones" que se sabe de antemano condenadas al fracaso, serán cualquier cosa menos políticas.
Por bien intencionadas que estén, como cualquier actitud consecuente con las más íntimas creencias y sentimientos personales, cuando se imponen no pasan de ser residuos ideológicos. Similares, por cierto, a las que otrora "fundamentaran" las condenas a Galileo, Giordano Bruno o Darwin. Incapaces, por más fe que se tenga o ponga en ellas, de suspender por un instante el curso del empírico "Epur si muove".
Sorprende la actitud adoptada desde un Gobierno que se jacta de liberal pero en medio del debate parlamentario anuncia que de sancionarse tal o cual ley, habrá de vetarla. Se trate de la extensión de las circunstancias habilitantes de la interrupción del embarazo u otra iniciativa legislativa, tendiente a reparar una grosera inconstitucionalidad, deslizada en el apuro de una Rendición de Cuentas. En ambos casos "visiblemente enojados con la actitud que adoptó el Parlamento" (Sic), se deslizó similar infidencia.
Pareciera como si en todo esto, también se obrara movido por algún hipotético "estado del alma". Se dogmatiza, sin ningún reparo, alegando que "la posición del Poder Ejecutivo es la de proteger la vida de la madre y del ser que existe". Todo Madrid sabe que ese estado anímico, irreconciliable con la liberalización del consumo de drogas, pasa más por un acuerdo preelectoral, yuxtapuesto a una creciente influencia religiosa dentro del Gobierno.
El simple anuncio de los vetos en medio de debates parlamentarios ha consumado un inadvertido quiebre dentro del sistema de pesos y contrapesos institucionales. Así lo entendía Montesquieu: "De hecho... el Ejecutivo debe limitarse a su facultad de impedir..." El Poder Ejecutivo no puede entrar en el debate de los asuntos (legislativos) pues sólo forma parte del legislativo por su facultad de impedir (léase: veto). ... En suma, "si el monarca participara en la legislación en virtud de su facultad de estatuir, tampoco habría libertad". Así lo recuerda Blanco Valdés, en "El valor de la Constitución", meditando acerca "Del espíritu de las leyes".
Sería bueno que se abordara cada ley proyectada en dos dimensiones. Una propia a cada iniciativa, otra de corte institucional. Los apresurados anuncios presidenciales, en medio de debates parlamentarios, lo demandan.
Rememoremos la coyuntura que se creara hace 30 años. Ante la tentativa de desaforar al senador Erro, se jugaron cartas afines. Por un lado, las "probanzas" aportadas para "motivar" tan drástica medida. Por otro, aquella Legislatura hubo de comprender, tarde pero al fin lo entendió, que por encima de las luchas partidarias, estaba en juego el sistema de pesos y contrapesos que articula la delicada mecánica constitucional de una democracia.
Ojalá nuestro Parlamento no vuelva a tardar tanto, poniendo coto, a tiempo, a las precipitaciones, improvisaciones o desbordes del Ejecutivo. Más vale prevenir que curar. *
“LA REPUBLICA”, Viernes, 18 de julio, 2003 - AÑO 10 – Nº.1246
http://www.larepublica.com.uy/editorial/119987-infalibilidades-el-ser-y-los-vetos-presidenciales
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